Las discográficas protestan contra el Top manta

Antonio Guisasola, presidente de Promusicae –la entidad que aglutina a la mayor parte de discográficas españolas y la FAP –Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual - presentaron durante la mañana de ayer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "por anormal funcionamiento de la administración de justicia" después de que seis sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona hayan absuelto a vendedores de discos piratas en el llamado top manta. Las discográficas entienden que los jueces responsables de estas sentencias han faltado "a su obligación más elemental", que es la de "aplicar las leyes vigentes". A juicio de Guisasola, lo sucedido en el órgano judicial barcelonés podría ser constitutivo de una infracción disciplinaria muy grave.

A lo largo de los últimos meses, y hasta en un total de seis ocasiones, la Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto a otros tantos vendedores ambulantes que habían sido detenidos mientras distribuían en plena calle copias ilegales de discos musicales o películas en DVD. En las distintas sentencias, los ponentes argumentan, entre otras cosas, que la venta de discos piratas "no tiene la entidad suficiente para constituir ilícito penal" o que los llamados manteros son "el último eslabón del comercio ilegal, personas que sólo buscan un medio de ganarse la vida ante la imposibilidad de otros más adecuados". Los firmantes de estas sentencias incluso sugieren que la lucha contra la venta de discos piratas "no pasa por la aplicación del derecho penal, sino de otro tipo de normas de orden público que la prohíban o impidan".

A juicio de las compañías discográficas españolas, esta interpretación constituye una injusticia "evidente, patente, flagrante y clamorosa". En la protesta remitida al Consejo General del Poder Judicial se recuerda que la venta de productos piratas está especificada como delito en el artículo 270 del Código Penal. También se repasa la abundante jurisprudencia que certifica la aplicación de este artículo, y que incluye tres sentencias y un auto de la propia Audiencia Provincial de Barcelona y resoluciones semejantes en las Audiencias de Sevilla, Vizcaya, Castellón, Cuenca o La Rioja, entre otras.

Obligación de aplicar la ley
Cualquier juez, según recalca el escrito de las discográficas al CGPJ, "tiene la obligación inexcusable de aplicar las leyes, esté o no de acuerdo con ellas". Y, en opinión de Guisasola, aquellos magistrados que no aceptan este principio elemental estarán dictando "sentencias injustas, contrarias a la ley", como así ha sucedido en estos seis casos registrados en Barcelona.

De la queja hoy presentada se ha remitido copia a la propia Audiencia Provincial de Barcelona, así como al Juzgado Decano de la ciudad condal y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Antonio Guisasola, que rubrica el escrito en su condición de presidente de PROMUSICAE, hace mención expresa a la presidenta de la Sección séptima de la Audiencia barcelonesa, Ana Ingelmo Fernández, puesto que es esta magistrada quien ha suscrito la mayor parte de las polémicas sentencias.

Frente a la condescendencia con que estas resoluciones juzgan el fenómeno del top manta, Guisasola resume en su escrito algunas de las cifras oficiales de que se disponen sobre el impacto de esta actividad. En concreto, las empresas discográficas perdieron a un 20 por ciento de sus empleados sólo entre 2000 y 2003, mientras que los cantantes, compositores y demás artistas españoles sufrieron una merma del 35 por ciento en sus ingresos por derechos de autor y regalías (royalties) durante ese mismo periodo. El índice de piratería discográfica bordea en España entre el 20 y el 25 por ciento, la cifra más negativa de toda la Unión Europea. Y la práctica totalidad de tiendas de discos han experimentado una reducción en sus ventas que oscila entre el 10 y el 40 por ciento.